Por qué las personas latines son especialmente vulnerables a una condena injusta

n el verano del 2004, Clemente Aguirre disfrutaba de su día libre de trabajo en el restaurante en donde lavaba platos y preparaba comida en el estado de la Florida, pasó la tarde y la noche del 16 de junio bebiendo con amigos y relajándose. Nunca se imaginó que este sería el último día de tranquilidad que tendría en los próximos años.

En la madrugada del 17 de junio, mientra el Sr. Aguirre iba camino a su vivienda, pasó por la casa de su vecina. Fue entonces cuando descubrió que sus vecinas, Cheryl Williams, de 47 años, y Carol Bareis, de 68, habían sido atacadas. El Sr. Aguirre intentó revivir a la Sra. Williams, pero era demasiado tarde. Ella ya estaba muerta. En la habitación contigua halló el cuerpo sin vida de la Sra. Bareis.

El Sr. Aguirre había llegado a los Estados Unidos hace poco más de un año antes, después de huir de la violencia en Honduras, donde temía represalias por negarse a convertirse en miembro de una banda de narcotraficantes. Debido a su estatus migratorio, el Sr. Aguirre temía que lo deportaran si contactaba a la policía sobre lo que había visto. Así que no denunció el crimen.

Unas horas más tarde, Mark Van Sandt, el novio de la hija de la Sra. Williams llegó a la casa para recoger algunas de las pertenencias de su novia cuando encontró a las dos mujeres muertas e inmediatamente llamó a la policía. Aproximadamente una semana después, el Sr. Aguirre fue acusado de sus asesinatos. Finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. Pasó 14 años en prisión, incluso una década en el corredor de la muerte, antes de ser exonerado por ADN y otras pruebas descubiertas en el 2018.

Clemente Aguirre con su abogada (a la izquierda) y la carta que le escribío al Innocence Project (a la derecha). (Imagenes: Innocence Project)

El Sr. Aguirre es una de las 310 personas latines que han sido condenadas injustamente y exoneradas desde el año 1989, según el Registro Nacional de Exoneraciones. Aunque el Sr. Aguirre ha estado libre durante casi dos años, no ha recibido compensación por su condena injusta o por los años que pasó en el corredor de la muerte, debido a la ley de compensación de la Florida. En el estado de la Florida aunque más de 30 personas han sido exoneradas, sólo cuatro de estos exonerados han sido indemnizados desde que se aprobó la ley de compensación en el 2008. El Innocence Project actualmente aboga para corregir la ley de la Florida y para garantizar que los exonerados como el Sr. Aguirre reciban una compensación justa.

El estado de inmigración puede jugar un papel importante en las condenas injustas

Las personas latines e inocentes como el Sr. Aguirre son más vulnerables a una condena injusta debido a preocupaciones sobre su estado de inmigración, según un estudio reciente publicado en UCLA Law Review. Los inmigrantes latines e inocentes tienen más riesgo de declararse culpables de delitos que no cometieron bajo amenaza de deportación, al mismo tiempo los agentes del orden público han utilizado el estatus migratorio de testigos para manipular su testimonio.

Incluso después de que se estableze la inocencia y se anula una condena, los exonerados latines que son inmigrantes aún pueden enfrentar la deportación u otros problemas de inmigración. Esto significa que a pesar de haber sido absueltos de todos los cargos y de que les roben años de libertad debido a un encarcelamiento injusto, muchos de ellos deben continuar luchando contra el sistema legal.

La mayoría de las personas latines en los EE. UU. son ciudadanos estadounidenses, pero en algunos casos, enfrentan desafíos similares a los de los inmigrantes latines condenados injustamente. En varios casos, ciudadanos americanos han sido condenados injustamente por ingresar ilegalmente al país o por cometer otra infracción migratoria, y fueron exonerados solo después de demostrar que todo el tiempo habían sido ciudadanos estadounidenses.

Exonerado Miguel Roman. (Image: Innocence Project)

El idioma puede ser una barrera para la justicia

Los exonerados latines e inocentes, tanto inmigrantes como ciudadanos, pueden ser más vulnerables a condenas injustas debido a las barreras del idioma. Aunque no todas las personas latines enfrentan barreras idiomáticas y no todas las personas que enfrentan barreras lingüísticas son latines, casi el 30% de la población hispana en los EE. UU. no se considera competente hablando Inglés, según una encuesta de Pew Research.

Mientras los tribunales proporcionan intérpretes en el juicio, no existe un derecho constitucional a un intérprete durante un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden público. A menudo, si se proporciona uno durante un interrogatorio, el traductor suele ser un oficial que habla el idioma, en lugar de un intérprete o traductor capacitado.

Como resultado, las personas latines pueden ser más vulnerables a las confesiones falsas. Alrededor del 40% de los latinos exonerados que confesaron falsamente sus delitos dijeron que “no entendían completamente el idioma hablado”, según el estudio publicado en UCLA Law Review.

Cuando Miguel Román fue arrestado por un asesinato en Connecticut, en 1988, los oficiales le leyeron sus “Miranda rights” en español pero el interrogatorio posterior se llevó a cabo principalmente en inglés, a pesar de que el Sr. Roman no hablaba el idioma Inglés con fluidez. El Sr. Roman dio relatos contradictorios con respecto a la última vez que vio a la víctima y en el juicio estas declaraciones se utilizaron en su contra para condenarlo. Miguel Roman pasó 20 años en prisión hasta que pruebas de ADN lo excluyeron como el autor del crimen e implicaron a otra persona. El Sr. Roman fue liberado en el 2008 y exonerado al año siguiente.

Las barreras del idioma no solo representan un desafío para los que son acusados ​​injustamente, sino que también constituyen un obstáculo para aquellos que son condenados erróneamente cuando se trata de buscar justicia y sobrevivir a un encarcelamiento injusto.

El Sr. Aguirre dijo que enfrentó más violencia y brutalidad mientras estaba en prisión debido a su falta de fluidez al hablar inglés.

“Te castran, te degradan y te castigan porque creen que te estas haciendo el que no habla inglés”, el Sr. Aguirre dijo al Orlando Sentinel en 2018. Agregó que aunque el personal penitenciario pensó que estaba fingiendo por no hablar inglés, realmente no entendía sus instrucciones.

Mientras estuvo encarcelado, el Sr. Aguirre aprendió inglés, con ayuda de un diccionario español-inglés, para poder leer la transcripción de su juicio y comprender su caso con la esperanza de probar su inocencia y recuperar su libertad, y finalmente lo logró.

Prejuicio racial, pobreza y condena injusta

Cuando se trata de una condena injusta, la gente pobre y la gente de color son especialmente vulnerables en todos los puntos del proceso legal. 

Por lo menos 1 de cada 5 hispanos en los EE. UU. vive en la pobreza, una tasa 6% superior que el promedio nacional y aunque la mayoría de las personas en prisión son pobres, las mujeres y las personas de color se encuentran entre los más desfavorecidos. Las mujeres hispanas que están en la cárcel tienen el ingreso anual medio más bajo antes de ser encarceladas.

Las personas que viven en la pobreza y son acusadas injustamente de delitos tienen menos probabilidades de poder pagar por la ayuda que necesitan y mucho menos probabilidades de tener los recursos necesarios para investigar adecuadamente sus casos, según la Iniciativa de Justicia Igualitaria. Las barreras del idioma también pueden dificultar el conseguir la asistencia necesaria. Las personas inocentes que no pueden pagar o que no tienen acceso a la asistencia legal que necesitan pueden ser condenadas por error y enfrentar sentencias más severas, incluida la pena de muerte, que se ha aplicado de manera desproporcionada a las personas de color.

El prejuicio racial también contamina el desarrollo de un sospechoso. 

“Realmente siento que mi raza y mi origen étnico fueron un factor importante en mi condena injusta”, dijo el exonerado Fernando Bermúdez al Innocence Project. Bermudez fue condenado injustamente por un asesinato en el año 1991, en la ciudad de Nueva York y pasó 18 años en prisión antes de su exoneración en el 2009. Se cree que es el primer hombre latinoamericano en el estado de Nueva York exonerado por motivos de “inocencia real” (actual innocence).

“El detective me vio como alguien desechable. Ellos vieron a un joven latino y pensaron que yo era ‘solo otro criminal”, dijo el Sr. Bermúdez. Basándose en su origen étnico y en el vecindario donde creció, Washington Heights, el cual es predominantemente latino, los agentes asumieron que Bermúdez no tenía una buena educación, cuando de hecho él ya tenía planes de entrar a la universidad. 

Los agentes no investigaron o persiguieron a otros sospechosos e ignoraron otras pistas, dijo el Sr. Bermúdez y al interrogar a su amigo, un testigo de coartada, el detective le preguntó por qué siendo italiano-americano era amigo de un hombre latino, refiriéndose al Sr. Bermúdez y usando un insulto racial. En una conversación grabada con el investigador privado del Sr. Bermúdez en 1992, el mismo detective dijo que si el Sr. Bermúdez no hubiera sido condenado por este delito, “estaría en la cárcel de todos modos” por algún otro delito.

Los estudios han demostrado que las políticas y herramientas que se utilizan actualmente para desarrollar sospechosos a menudo dependen de bases de datos, como por ejemplo, la base de datos de pandillas y tecnologías basadas en algoritmos, como la vigilancia policial predictiva que tienen un impacto racial desproporcionado. El uso y la confianza en tales herramientas para el desarrollo de sospechosos puede convertirse en el primer paso en el camino hacia una condena injusta. 

Muchos de los mismos problemas que afectan a la comunidad Afro Americana y otras personas de color cuando se trata de condenas injustas y encarcelamientos masivos también afectan a las comunidades latines. Por ejemplo, tanto las personas de color como las latinas están sobrerrepresentadas en las cárceles. La comunidad Afro Americana constituye sólo el 13% de la población general de EE. UU., sin embargo establece el 40% de su población encarcelada, mientras que los latinos representan el 16% de la población general, pero el 19% de la población encarcelada, de acuerdo con la Iniciativa de Política Penitenciaria. 

Debido a que cuerpos policiales pueden catalogar a una persona latine, como una persona de color o blanca en registros de detencion e informes judiciales en los que se basaban estos estudios apoyadose solo en el aspecto fisico, la extensión en la que condenas injustificadas afectan a las personas latines en los EE.UU. puede ser subestimada.

Pero para aquellos que han vivido una condena injusta, el impacto es claro.

“Las condenas injustas destruyen familias”, dijo el Sr. Aguirre al Innocence Project. Entre las comunidades de inmigrantes latines, el número de condenas injustas puede ser de gran alcance, dijo, y explicó que a menudo las familias en el extranjero escuchan la noticia del encarcelamiento de sus parientes, pero no saben que han sido condenados injustamente y no están al tanto de las injusticias que existen en el sistema judicial penal.

“Es necesario que las familias de personas condenadas por error tengan más conocimiento acerca del tema y aparte de eso el sistema debe cambiar”, dijo el Sr. Aguirre.