Carlos DeLuna fue condenado por un asesinato en 1983 basado en una identificación errónea de testigos presenciales.

E l 7 de diciembre de 1989, Carlos DeLuna, un joven latino, fue ejecutado a pesar de mantener su inocencia, por el asesinato de Wanda López en 1983, la empleada de una  gasolinera en Corpus Christi, Texas. El Sr. DeLuna tenia solo 27 años de edad.

El fantasma se lanzará a nivel nacional el 2 de julio.

En su juicio, los fiscales rechazaron el argumento hecho por el Sr. DeLuna acerca de un segundo sospechoso, Carlos Hernández, quien él insistió había cometido el asesinato. Los fiscales alegaron que “el Sr. Hernández ”era un sospechoso“ fantasma ” fabricado por el Sr. DeLuna. Posteriormente, el Sr. DeLuna fue declarado culpable y condenado a muerte basándose solo en la identificación errónea de testigos presenciales.

La descripción que hace la fiscalía del Sr. Hernández es ahora el título de un documental profundamente perturbador, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca el 14 de junio de este año y está programado para estrenarse en los cines el 2 de julio.

The Phantom se basa en una serie de entrevistas, incluidas aquellas con Los hermanos del Sr. DeLuna, su abogado litigante, los fiscales y los testigos presenciales  —  arrojando tremendas dudas sobre la condena del Sr. DeLuna y revelando nuevas e inquietantes pruebas que apuntan a su inocencia. Le sigue una nueva investigación sobre el argumento hecho por el  Sr. DeLuna sobre Carlos Hernández por parte del profesor de derecho de la Universidad de Columbia Jim Liebman y su equipo, quienes luego documentaron sus hallazgos exhaustivos en un libro titulado The Wrong Carlos, un artículo publicado en Columbia Human Rights Law Review, y en el internet.


El documental presenta un retrato abrumador del sistema legal y penal de los Estados Unidos, que ha perjudicado enormemente tanto a los miembros de la comunidad Latinx como a las personas que viven en la pobreza. El Sr. DeLuna era uno de tres hijos criados por una madre soltera en un vecindario de bajos recursos en Corpus Christi, donde los asesinatos y las peleas eran comunes, y donde sus residentes eran acusados  facilmente de asesinato capital, condenados y sentenciados a muerte con poco, o ninguna representación legal. The Phantom también resalta los errores cometidos en la investigación, incluyendo la falta de atención por parte de las fuerzas del orden al no indagar a otros posibles sospechosos y lo poco confiable que es la identificación de testigos presenciales.

La verdad es que el caso del Sr. DeLuna tiene todas las señales que indican una condena injusta.

El caso de Carlos DeLuna

La noche del 4 de febrero de 1983, la Sra. López, una empleada de 24 años de una gasolinera Sigmor Shamrock, llamó a la policía para denunciar a un individuo sospechoso con un cuchillo. Mientras hablaba por teléfono con un despachador del 911, la Sra. López intentó darle dinero al individuo, a quien describió como hispano, en un esfuerzo por lograr que saliera de la tienda de conveniencia de la estación. Setenta y siete segundos después de la llamada, la Sra. Lopez dejó escapar un grito.

Wanda López era una madre soltera de 24 años que trabajaba en una gasolinera Sigmor Shamrock.

Las fuerzas policiales llegaron al lugar poco después y encontraron a un testigo atendiendo a la Sra. López, quien había sido apuñalada dos veces. El testigo describió al agresor de la Sra. López a uno de los oficiales de la policía como un hombre hispano, con bigote, con una chaqueta de tipo camisa de franela de cuadros, y una sudadera gris. Cuando la policía comenzó la búsqueda de un sospechoso que coincidiera con esta descripción, una pareja cercana le dijo al mismo oficial que habían visto a un hombre con un atuendo diferente corriendo a unas dos cuadras de la estación de servicio. La segunda descripción fue compartida con otras autoridades como la de un segundo posible sospechoso.

En medio de una caótica persecución de los dos hombres descritos por los testigos, la policía recibió múltiples llamadas de los residentes del vecindario sobre un hombre escondido debajo de una camioneta. La policía siguió la pista y encontró al Sr. DeLuna, a quien los testigos identificaron más tarde como el asesino de la Sra. López durante un procedimiento de identificación altamente sugerente. 

En su juicio, Carlos DeLuna (izquierda) sostuvo que Carlos Hernández (derecha) había cometido el asesinato, pero la fiscalía y los tribunales afirmaron que el señor Hernández era una persona “fantasma”.

En su juicio en julio de 1983, el Sr. DeLuna insistió en que la Sra. López había sido asesinada por su conocido, Carlos Hernández. Pero los fiscales rechazaron el reclamo de DeLuna sin realizar una búsqueda exhaustiva de Hernández. En cambio, acusaron al Sr. DeLuna de culpar del asesinato a una persona “fantasma”. El jurado finalmente se puso del lado de la fiscalía. Condenando al Sr. DeLuna y sentenciåndolo a muerte. A pesar de las apelaciones posteriores del Sr. DeLuna, los tribunales confirmaron su condena y su sentencia de muerte, reafirmando esencialmente que el Sr. Hernández no existía. En 1989, el Sr. DeLuna murió por inyección letal. 

The Phantom argumenta que este caso fue un grave error judicial.

“Toda la gente pobre, todos estaban siendo declarados culpables, todos iban al corredor de la muerte y nadie los representaba”

Rene Rodriguez

Abogado de la familia de Wanda López.

Condena injusta y la pena de muerte

Los datos han demostrado que existe un gran riesgo de ejecutar a personas inocentes en los Estados Unidos.

Desde 1973, 188 personas que han sido condenadas injustamente y sentenciadas a muerte en los Estados Unidos han sido exoneradas, según el Death Penalty Information Center, incluidos los clientes del Proyecto Inocencia Clemente Aguirre, Rolando Cruz y Alejandro Fernández. Aproximadamente el 60% de los exonerados eran afroamericanos o latinx, lo que enfatiza el uso discriminatorio de la pena de muerte contra las personas de color. Al menos dos de los exonerados eran hispanohablantes con un conocimiento limitado del inglés que les dificultaba defenderse adecuadamente en la corte. Otros tenían acceso limitado a recursos adecuados y/o a una buena representación legal. 

Y como el Sr. DeLuna, algunos clientes del Proyecto Inocencia han sido ejecutados sin la oportunidad de demostrar su inocencia. 

Claude Jones (izquierda) fue condenado por un asesinato basandose en tan solo una pieza de evidencia que no le pertenecía.

En el año 2000, Claude Jones fue ejecutado en Texas por el asesinato del propietario de una licorería, Allen Hilzendager, en el año 1989. La condena del Sr. Jones se basaba en gran parte en una pieza de evidencia – una hebra de cabello – que se encontró sobre el mostrador cerca del cuerpo del Sr. Hilzendager. El coacusado del Sr. Jones también testificó en su contra, pero luego firmó una declaración jurada en la que afirmaba que había testificado después de haber sido amenazado con la pena de muerte. Casi una década después de la ejecución del Sr. Jones, las pruebas de ADN solicitadas por el Proyecto Inocencia revelaron que el mechón de cabello no pertenecía al Sr. Jones, lo que generó serias dudas sobre su culpabilidad. 

En el 2004, Cameron Todd Willingham fue ejecutado en Texas después de ser condenado por los asesinatos de sus tres hijas en un incendio provocado en el año 1991. La condena del Sr. Willingham se basó en parte en el testimonio de expertos en ciencias forenses que determinaron que el fuego se había iniciado intencionalmente. Un informante de la cárcel también afirmó que Willingham había confesado el crimen. Sin embargo, tras la ejecución del Sr. Willingham, cinco expertos independientes en incendios provocados reunidos por el Proyecto Inocencia, junto con un informe de investigación del Chicago Tribune, encontraron que el análisis científico que se había utilizado en el juicio del Sr. Willingham no era confiable. Un experto en incendios provocados contratado por la Comisión de Ciencias Forenses de Texas también llegó a la misma conclusión.  conclusion. 

Sedley Alley fue ejecutado sin la posibilidad de demostrar su inocencia mediante pruebas de ADN.

En otro caso, Sedley Alley murió por inyección letal en Tennessee en el 2006. El Sr. Alley había sido condenado por la violación y asesinato de la soldado de primera clase de infanteria marina, Suzanne Marie Collins, en 1985. Alley inicialmente negó cualquier participacion en la muerte de Collins, pero finalmente firmó una declaración admitiendo el asesinato, que dijo fue coaccionado. Los detalles de la declaración contradecían aspectos de la escena del crimen y la autopsia. Además, la descripción que un testigo dio del sospechoso no coincidía con la apariencia del Sr. Alley. El Sr. Alley fue ejecutado pocos años antes de que la Corte Suprema de Tennessee dictaminara que el estatuto de ADN posterior a la condena del estado debió haber permitido realizar pruebas en piezas de evidencia encontradas en la escena del crimen en 1985, incluyendo un par de ropa interior masculina que se cree usó el atacante, si se hubieran realizado las pruebas, el Sr. Alley habría tenido pruebas contundentes de su inocencia. 

La lucha contra la pena capital

The Phantom se dará a conocer a nivel nacional el 2 de julio, que también marca el aniversario número 45 de Gregg v. Georgia, un caso en el que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, en una decisión 7-2, que la imposición de una sentencia de muerte no califica como un “castigo cruel e inusual” prohibido por las Enmiendas Octava y decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo afirmó que el uso cauteloso y sensato de la pena de muerte, cuando se emplea con cuidado, puede ser adecuado en casos penales en los que el acusado ha sido condenado por matar deliberadamente a alguien. 

Sin embargo, como ilustra claramente el caso del Sr. DeLuna, la pena de muerte, de hecho, se ha usado de manera descuidada e injusta. Según los datos del año 2020 del NAACP Legal Defense and Educational Fund,  aproximadamente 2.600 personas encarceladas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte. Más del 55% de esas personas son afroamericanas o latinx. Además, un informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte muestra que no solo las personas afroamericanas están sobrerrepresentadas en los pabellones de los condenados a muerte en todo los Estados Unidos, sino que aquellos condenados por matar a personas de color tienen menos probabilidades de enfrentar la pena de muerte que los condenados por matar a una persona blanca.

Dadas estas alarmantes estadísticas, no podemos ignorar el uso racial y desproporcionado de la pena capital. El lanzamiento de The Phantom llega en un momento en que el país se ha alejado de la pena de muerte. El año pasado, por ejemplo, vio menos ejecuciones que cualquier otro año en las últimas tres décadas. Y en marzo, Virginia se convirtió en el primer estado del sur en prohibir su uso.

Te animamos a que veas The Phantom y compartas tus pensamientos y reacciones en las redes sociales. Y esperamos que te unas a nosotros, testigo de la inocencia, ex-fiscales, jueces jubilados, organizaciones de derechos civiles, grupos religiosos y otros para persuadir al presidente Joe Biden a que conmute las sentencias de 46 personas que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte federal.

Oponerse a la pena de muerte federa

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